miércoles, 4 de julio de 2012

Último verano sin Aletas


El mayor parque logístico y empresarial de Andalucía no entiende de victorias deportivas. Tendríamos que remontarnos a la época de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía y de Pedro Solbes como responsable económico del gobierno de Zapatero, cuando se firmó el convenio por el cual se destinarían a Cádiz 190 millones de euros para un ambicioso parque de actividades logísticas, empresarial, tecnológicas y ambientales en Andalucía.

Las Aletas, como todos terminarán conociendo el proyecto, consta, constaba o constará de 527 has, siendo 120 propiedad de la Junta de Andalucía, después de años de litigio con los propietarios particulares de esos terrenos y el resto, entorno a las 400 has, corresponde al Estado. La parte estatal es suelo que está afectado por el dominio marítimo terrestre y, según el alto tribunal de justicia, ese es el motivo, además de la falta de justificación de esa ubicación para el desarrollo del ambiciosos proyecto, por el que las obras se paralizaron en diciembre del 2009.


Este parque tecnológico consiguió algo que hasta hoy hemos visto en contadas ocasiones. Junto a este proyecto nació el espíritu de Las Aletas. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, consciente de la importancia de asentar en nuestra comunidad unas infraestructuras de esta envergadura, votaron a favor una propuesta para solicitar el gobierno central el desarrollo de este parque.

Mucho ha llovido desde entonces. En representación de la Junta de Andalucía y en calidad de vicepresidente del consorcio han pasado Luis García Garrido, Antonio Fernández, Luis Pizarro y Francisco Menacho. Todos ellos han sido miembros del ejecutivo andaluz y son de Cádiz. Siempre ha existido la regla no escrita de que sea un consejero gaditano quien sea el máximo representante autonómico en el Consejo Rector y que vele por los intereses regionales frente a la intereses del gobierno central que ostenta la presidencia del parque.

La experiencia nos ha demostrado que un gobierno popular en Madrid es sinónimo de recortes y maltratos a la ciudadanía andaluza. Ya pasó, con el gobierno de Aznar, que se obviaba a más de medio millón de andaluces censados, parara no transferirnos la cuantía económica correspondiente en función del peso de la población de nuestra comunidad autónoma en el conjunto de España. No habían pasado ni dos meses desde que Rajoy se había sentado como presidente en Moncloa, cuando el secretario general de los populares los andaluces, Antonio Sanz, y el actual presidente de la Diputación, Loaiza, ponía en entredicho la viabilidad económica del proyecto.

Desde las últimas elecciones el consejo de gobierno andaluz no ha designado quién será la persona que ostente la vicepresidencia del consorcio en este nuevo e interesante periodo que se avecina. Después de años de retaso por la negativa del gobierno central a iniciar las obras en los suelos que no están afectos del dominio público marítimo terrestre, todo parece indicar que por fin el consejo rector podría autorizar el inicio de las obras en las 120 has de los suelos aportados por la Junta de Andalucía, a la espera de que se terminen de solucionar los problemas jurídicos que puedan tener los suelos aportados por el gobierno de España. A modo de ejemplo, Cartuja 92, con apenas 70 has, da trabajo a 16.000 personas, por eso no es de extrañar que miles de parados miren con ilusión la puesta en marcha del mayor parque empresarial, tecnológico y logístico de nuestra comunidad y que Aletas deje de ser un sueño para convertirse en realidad.

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